Este convenio coincide con los aniversarios de dos normativas que han contribuido a reformar profundamente nuestro Derecho Civil y Privado en materias como la capacidad jurídica o el sistema de apoyos: la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas de 2006 y la Ley 8/2021. El despliegue y aplicación efectiva de estas disposiciones ha sido un objetivo fundamental para ambas Fundaciones en este período, un fin compartido que se potenciará con la firma de este convenio.

Las dos fundaciones impulsarán el desarrollo y seguimiento de la aplicación del nuevo artículo 49 de la Constitución Española, aprobado en 2024, que consagraba los derechos de las personas con discapacidad y los adecuaba a los principios de dicha Convención (“Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas, sin que pueda producirse discriminación. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la autonomía personal y la inclusión plena de las personas con discapacidad en entornos de accesibilidad universal. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad”).

En cuanto a las acciones concretas llevadas a cabo conjuntamente a partir de ahora, cabe destacar: la elaboración de publicaciones conjuntas y la difusión recíproca de trabajos y estudios elaborados por cada entidad; la colaboración en proyectos de investigación, estudios doctrinales, informes técnicos o documentos de análisis jurídico; o la organización de actividades de carácter académico, como congresos, jornadas, seminarios, cursos o encuentros científicos. Las partes se comprometen a ampliar la proyección y desarrollo de estas materias al Derecho de la Unión Europea y el espacio jurídico iberoamericano.

Asimismo, se prestará especial atención al ámbito universitario, con vistas a incorporar el Derecho de la Discapacidad en: programas superiores de distinta naturaleza, ciclos formativos, foros de debate, mesas redondas, conferencias especializadas, actividades de sensibilización, iniciativas académicas o proyectos de especialización. Por último, se prestará una especial atención a los programas de posgrado, títulos propios especializados e iniciativas dirigidas al reconocimiento académico formal de esta nueva disciplina como asignatura específica dentro de los planes de estudio universitarios.