Por parte de la Fundación Aequitas, asistieron sus patronos José Marqueño (notario honorario) y Emilio Olabarría (ex diputado); Carmen Velasco (delegada autonómica), Gonzalo A. López Ebri (patrono y coordinador de los foros), Manuel Rueda (director del Área Jurídica); Francisco González Ruiz (adjunto a la dirección) y la notaria Ana Santamarina (colaboradora).

Asimismo, estuvieron presentes: por la Fiscalía del TSJPV, la delegada autonómica Catalina Pedrero; por el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, el director de Justicia, Jose Mª Bastos; por el Colegio de la Abogacía de Bizkaia, el letrado Rafael Armesto; Mª José Cano, de EDEKA, Coordinadora Vasca de Representantes de Personas con Discapacidad; por la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto, Ana Isabel Herrán; y , en representación del TSJPV, el magistrado Edmundo Rodríguez Achutegui

Entre los temas abordados cabe destacar: la necesidad de establecer salvaguardas y medidas de control de su cumplimiento, para evitar cualesquiera expolios de los patrimonios de las Personas con Discapacidad; la protección patrimonial de las personas ingresadas en el ámbito residencial, y la identificación y control de aquellos que quedan a cargo del patrimonio de las personas ingresadas en las residencias; la necesidad imperiosa de conseguir un registro de las Guardas de Hecho acreditativo de su existencia y de quiénes son  los titulares  de la guarda de hecho y la persona a quien afecta; se ha evidenciado el defectuoso funcionamiento de la Guarda de Hecho debido a que, consecuencia de su falta de acreditación, no son pocos los obstáculos burocráticos que impiden su normal desarrollo, con los perjuicios que de ello se derivan para las Personas con discapacidad, así como para los guardadores; finalmente, se trató el tema relativo al ingreso psiquiátrico involuntario y el tratamiento ambulatorio involuntario, cuestiones éstas  de especial trascendencia en el ámbito de la libertad de las personas ingresadas. 

Asimismo, se estudió la situación actual y las perspectivas de futuro a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; estando todos los miembros de acuerdo en que el artículo 763 LEC precisa, cuanto menos, de una actualización y profunda reforma.