Las notarias Julia Segura (delegada autonómica), Victoria Quintana (delegada en Tenerife) y el abogado Francisco González Ruiz (adjunto a la dirección) –por parte de la Fundación Aequitas- mantuvieron un encuentro de trabajo con operadores jurídicos (Colegio de Abogados de Las Palmas; Fiscalía de apoyo a las personas con Discapacidad y Mayores, Juzgado de Vigilancia Penitenciaria), representantes institucionales (Viceconsejería de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias; Universidades de Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna); miembros del movimiento asociativo del archipiélago (Fundaciones Sonsoles Soriano, Mapfre Guanarteme y Tutelar Canaria para la Acción Social; Adepsi, Funcaprosu, CERMI estatal y autonómico, Plena Inclusión), donde pusieron en común las líneas de actuación de la plataforma a corto plazo.

Uno de los principales puntos acordados fue la creación de grupos de trabajo específicos para analizar los efectos colaterales de la implantación de la Ley 8/2021 en el sector y la relación de las personas con discapacidad y sus familias con el sector bancario.