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Consultorio Jurídico

Consultas realizadas

Buenos días, Somos una pareja con dos hijos, uno de ellos tiene autismo y otra sin discapacidad. Hasta ahora vivíamos en casa de unos familiares y ahora hemos decidido comprar una vivienda habitual con una hipoteca a la que añadiremos un seguro de vida o amortización para evitar que ellos tengan problemas futuros. Sé que hay una opción de destinar esa vivienda u otros ingresos, a un patrimonio protegido para mi hijo con discapacidad, pero no conozco mucho más al respecto. Quería informarme sobre qué opciones hay para intentar hacer un reparto lo más igualitario posible entre ellos dos y que mi hijo discapacitado tenga un patrimonio que le avale en sus necesidades. Creo que también permite tener algunos “beneficios” fiscales (ya quisiera yo no tenerlos) que siempre pueden dirigirse a sus terapias u otras necesidades de las muchas que aparecen en estos casos.

 El Patrimonio Protegido es un conjunto de bienes (entre los cuales se pueden incluir dinero o inmuebles) destinado a satisfacer las necesidades y los gastos del beneficiario, que en este caso sería su hijo con autismo. Son bienes que se entregan a título gratuito (es decir, del tipo de las donaciones) y el que los aporta tiene derecho a una deducción en el IRPF, con el límite de aportaciones hasta 10.000 euros por persona y año.

Ahora bien, está usted hablando de que la pareja va a adquirir su vivienda habitual, para cuatro personas. De ahí que probablemente lo más conveniente es que esta vivienda siga perteneciendo a los dos miembros de la pareja. Si la transmiten al hijo no podría, por ejemplo, venderla en un futuro. 

El futuro de sus hijos pueden ordenarlo en testamento, donde regularán a quién y en qué proporciones irá su patrimonio, o la vivienda, al fallecer ustedes.

Paralelamente, podrían examinar hacer aportaciones (por el importe que quieran, con el límite que se ha indicado) a un Patrimonio Protegido de su hijo, con derecho a deducción fiscal, para que tuviera unos fondos para su futuro o para gastarlo en sus necesidades, pasados cuatro años desde la aportación (salvo que vivan en el País Vasco, en que no se aplica esta demora de cuartro años)

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