Moderada por el periodista José Manuel González Huesa; la mesa redonda contó con las intervenciones de: Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado (CGN) y de la Fundación Aequitas; María José Segarra, fiscal de Personas con Discapacidad y Mayores, y patrono de Aequitas; Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI; Inés de Araoz, coordinadora del Departamento Jurídico en Plena Inclusión; y Lourdes Márquez, directora de Alianzas y Relaciones Internacionales de Fundación ONCE.

En su valoración de estos cinco años, la presidenta de la Fundación Aequitas apuntó que “hemos avanzado mucho, aunque en el ámbito social y jurídico queda pendiente superar sesgos y prejuicios aún existentes sobre las personas con discapacidad, y que generan unos daños colaterales. Sigue habiendo necesidades no atendidas como la accesibilidad a las nuevas tecnologías o la Inteligencia Artificial, aún debemos eliminar todas esas dificultades”.

“Desde la aprobación de la Ley -señaló Barrio- hubo preocupación en el Notariado por formarnos. Era una ley con gran responsabilidad jurídica y moral para el notario. En las notarías ha habido una evolución, cada vez se adoptan más medidas voluntarias de apoyo que son conocidas mejor por parte de familiares y persona con discapacidad, a veces es el propio notario el que las recomienda para resolver las preocupaciones existentes en el ámbito patrimonial o asistencial”.   

“En previsión de una situación de discapacidad, una persona puede ordenar aspectos no sólo económicos, también puede adoptar medidas personales. Puedes indicar quién quieres que se encargue de tu patrimonio y tu persona, con salvaguardas para evitar abusos. El asesoramiento notarial permite diseñar un ‘traje a medida’; para ello, se precisa de una conversación previa para informar sobre las diferentes posibilidades de un contrato de alimentos o un poder preventivo, por ejemplo, figuras muy aconsejables”, prosiguió la presidenta, quien recalcó que el artículo 25 de la Ley del Notariado (que garantiza la comprensión y accesibilidad de las personas con discapacidad a los instrumentos públicos), es un ejemplo de accesibilidad universal.

Sobre el futuro, la máxima representante del CGN y de la Fundación Aequitas pidió a todos los sectores implicados “no relajarse. Hemos conseguido mucho para que todo ese esfuerzo tenga una marcha atrás. Debemos conseguir superar esos daños colaterales que pueden dejar esta Ley en papel mojado”.

Desjudicialización

Segarra puso en valor “el esfuerzo por formarnos y aprender de todos los operadores jurídicos para aplicar una norma que ha cambiado la forma de ver a las personas con discapacidad. Los operadores somos los garantes de aplicar  necesarias salvaguardas que garanticen que la voluntad se realicen de forma libre”.

“La esperada desjudicialización -expresó la patrono de Aequitas- no se está produciendo con la intensidad que necesitaríamos. Los volúmenes de casos sobre discapacidad existentes en los juzgados siguen siendo importantes. Cabe destacar que sólo el 3% de las personas  se oponen a las medidas de apoyo establecidas en el juzgado, hay una aceptación general de esos apoyos. Por lo que se refiere al plazo para revisar las sentencias de incapacitación anteriores a 2021, que concluye el próximo septiembre, con el ritmo de trabajo actual se va a alcanzar. La justicia es ahora más accesible, pero no disponemos de facilitadores procesales, órganos especializados en todos los territorios no sólo en capitales de provincia, equipos multidisciplinares, personal en la fiscalía para realizar las entrevistas… pero desde el ministerio fiscal tenemos la plena voluntad de poner todo nuestro esfuerzo para superar esas trabas”.

“El movimiento de la discapacidad -destacó Pérez Bueno- en alianza con otros colectivos y operadores jurídicos como el Notariado, tenía mucho interés en que esta Ley capital y de potestad legislativa saliera bien. Este esfuerzo fue considerable, la comunidad jurídica española dio lo mejor de sí para conseguirlo. Pero no es una “Ley Realidad”, es una “Ley Proceso” que precisa un despliegue, quizá cuando pase su primera década de aplicación se encontrarán los cambios destinados a mantenerse”.

El representante del CERMI estatal hizo hincapié en que “es una norma innovadora que ha marcado la pauta a otros países” y que su adaptación debe ser  constante, “hoy mismo, por ejemplo, se ha aprobado el Reglamento de Accesibilidad Cognitiva que refuerza la figura del facilitador procesal. Tenemos constancia de la existencia de daños colaterales en materias como la fiscal o de seguridad social que deben ser reconducidos. La desjudicialización tampoco se ha conseguido del todo; aunque hay que tener en cuenta que el ámbito de la justicia es la esfera peor dotada de la acción pública y precisa mayores recursos”.

Araoz puso de manifiesto “el trabajo previo a la entrada en vigor de la Ley de las organizaciones del mundo de la discapacidad en materia de transformación de cara a implementar el artículo 12 de la Convención de la ONU (las personas con discapacidad tienen derecho al igual reconocimiento como persona ante la Ley). Podemos estar satisfechos con el contenido de esta reforma; aunque desde organismos como el Observatorio de Jurisprudencia han emitido informes sobre la aplicación que detectan indicadores que se incumplen; es el caso de muchas sentencias, de cuyo contenido y obligaciones no se informa debidamente al curador o al guardador de hecho; lo que dificulta conocer si las personas jurídicas o las personas están dando lo que necesita la persona con discapacidad”. 

Por último, Márquez resaltó que “la Ley 8/21 evidencia lo contenido en la Convención de la ONU, que este año cumple veinte años. Cambió el modelo de sustitución de la voluntad para enfocarse en la persona, creando apoyos individualizados o ‘trajes a medida’ para cada caso”.  La representante de Fundación ONCE coincidió en apuntar retos pendientes: “queda mucho por hacer para pasar de los derechos reconocidos a los ejercidos. Por ejemplo, en materia de accesibilidad universal, un puente que todos tenemos que cruzar”; aunque se mostró optimista por “la colaboración y compromiso entre operadores jurídicos y movimiento asociativo. Cada uno de los actores debe cumplir su papel y seguir buscando las mejores soluciones para cada persona”.

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