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Almudena Castro-Girona, directora de la Fundación Aequitas ha codirigido recientemente, junto con María José Segarra, fiscal de Sala del Tribunal Supremo para la protección de personas con discapacidad y mayores (y patrona de Aequitas) y Juan Manuel Fernández Martínez, vocal de la Comisión Permanente del CGPJ, un seminario sobre la Ley 8/2021 dirigido a jueces y fiscales en ejercicio. Además pronunció la conferencia El papel del Notariado en las medidas voluntarias de apoyo. También intervino Alfonso Cavallé, decano del Colegio de las Islas Canarias con la ponencia El guardador de hecho y la posibilidad de su ejercicio con funciones representativas).

El seminario Aspectos prácticos de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica fue organizado por el servicio de formación continua del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

En las jornadas intervinieron también José Luis Seoane, magistrado de la Sala Civil del Tribunal Supremo (La ley 8/2021, una reforma necesaria, los primeros criterios interpretativos de la jurisprudencia); Inés de Araoz, coordinadora del departamento jurídico en Plena Inclusión (La accesibilidad a las medidas de apoyo); Álvaro Martín-Moreno, director general de la Fundación Kyrios (El papel de las Fundaciones de Apoyo en la nueva ley); Avelina Alía, fiscal adjunta de protección de las personas con discapacidad y atención a los mayores (La función del fiscal en las diligencias preprocesales); Torcuato Recover, asesor jurídico de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (Problemas de acreditación de la guarda de hecho); María Dolores Belles, magistrada de la Audiencia Provincial de Castellón y delegada de discapacidad del TSJ de la Comunidad Valenciana (Salvaguardas judiciales en la guarda de hecho); Ignacio Sancho, magistrado de la Sala Civil del Tribunal Supremo (Una mirada judicial a la ley 8/21, con mención a la curatela representativa);María Luisa Zamora, magistrada del juzgado de 1ª Instancia nº 26 de Sevilla y delegada de discapacidad del TSJ de Andalucía (Revisión de los procedimientos); Rafael Fernando de Asís, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III y codirector del grupo de investigación de Derechos Humanos (Análisis de la aplicación de la ley 8/21, observatorio de jurisprudencia sobre sistemas de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica) y David Mayor, fiscal adjunto de protección de las personas con discapacidad y atención a los mayores (Análisis de las sentencias dictadas por las Audiencia Provinciales durante el primer año de vigencia de la ley 8/21).