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21/02/2023 , Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo

Madrid, 21 de febrero de 2023- La Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo ha entregado el Premio San Raimundo de Peñafort a Instituciones Públicas a la Fundación Aequitas (Consejo General del Notariado) en agradecimiento por el apoyo prestado en la formación de los estudiantes de Grado y Posgrado.

La directora de la Fundación, Almudena Castro-Girona, ha recogido este premio de manos del decano de la Facultad, Alfonso Martínez-Echevarría, durante la celebración del Acto Académico de la Festividad de San Raimundo de Peñafort.

            Constituida en 1999 por el Consejo General del Notariado, Aequitas trabaja para mejorar la protección jurídica de colectivos necesitados de especial protección, como las personas con discapacidad, los menores, los inmigrantes y las personas mayores.

La fundación asesora sobre el ejercicio de la capacidad jurídica y de obrar de estas personas y aconseja a los ciudadanos y a sus representantes en cuestiones relativas a su protección social, legal y económica. www.aequitas.org

Diversos representantes institucionales y del mundo del Derecho participaron en el acto, como Alfonso Martínez-Echevarría y Rosa María Visiedo, decano de la facultad de Derecho y rectora magnífica de la Universidad CEU San Pablo (respectivamente) y el catedrático de Derecho Civil, Pedro Robles (quien pronunció la conferencia La profesión más bella del mundo).  

Fundación Aequitas

El 15 de octubre de 1999 nació la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado, bajo el lema ¡Queremos hacer más! Hoy en día, la 'ONG de los notarios' está consolidada en España e Iberoamérica y realiza una incesante labor en defensa de la protección jurídica de las personas más vulnerables.

            Una de las principales líneas de actuación de Aequitas es el impuso de reformas normativas para la mejora de la protección jurídica de los colectivos más vulnerables. Sus miembros han realizado informes y comparecido en calidad de expertos ante diferentes órganos legislativos, como la Comisión de Justicia y Discapacidad del Congreso de los Diputados. 

            Destaca su papel en la elaboración de la Ley sobre el Patrimonio Protegido de las Personas con Discapacidad en 2003. También ha participado activamente en la adaptación del ordenamiento jurídico a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, desde que entró en vigor en España en 2008, que ha culminado en la Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.